Hasta la noche del miércoles 8 de diciembre yo confié en el Tribunal Constitucional (TC). En el día de la Inmaculada, este organismo manchó su honra, al pretender silenciar a la prensa, con un fallo jalado de los cabellos, atropellando incluso la Constitución Política. 

El TC ha querido, de modo caleta, amordazar a la prensa serie e independiente y evitar así que los casos de corrupción salgan a la luz pública. En el fundamente 23 de la sentencia en la que declara improcedente un hábeas corpus presentado por la esposa del procesado por el caso de los ‘petroaudios’ Alberto Quimper, dicho organismo público sostiene que los medios están prohibidos de divulgar o difundir interceptaciones y grabaciones de conversaciones telefónicas. 

Contradiciendo la Constitución y en el colmo de lo absurdo, sustenta que solo podrá proceder la publicación de los audios o videos si existe autorización de los interlocutores grabados para que sean conocidos por terceros o un mandato judicial motivado que permita su difusión por ser de interés público. El que incumple con estas clausulas, será denunciado penalmente.

Como ya lo hemos advertido, este fundamento atropella la Carta Magna y constituye un claro atentando contra la libertad de prensa, la libertad de expresión y el derecho a la información del que gozamos todos los peruanos. Además, es desatinado, porque  jamás una persona involucrada en un acto de corrupción dará la autorización para la publicación o difusión de un material que lo deja mal parado. 

Los miembros del TC, a la cabeza del aprista Carlos Mesía Ramírez, parece que tienen en mente, evitar que otros casos de corrupción, como los ‘petroaudios’ terminen por liquidar la imagen nada impecable del segundo gobierno de Alan García. De otra manera no se explica la existencia del fundamento 23, que como dejamos en claro, no tiene ningún fundamento legal y lo único que busca es amordazar a la prensa. 

En un país como el nuestro, en el que los órganos de control no garantizan la lucha contra los funcionarios corruptos que usufructúan de los recursos públicos, es un mal necesario seguir contando con este material que a lo largo de nuestra incipiente democracia nos has permitido acabar con la mafia ‘fujimontesinista’ y otras prácticas lamentables, que sin la difusión de los famosos ‘vladivideos’ tal vez nunca hubiéramos conocido. 

Felizmente, que el dictamen aprobado por la minoría del TC, excediendo completamente sus funciones, no podrá ser utilizado en el futuro por ningún magistrado al momento de resolver una demanda sobre este tema, debido a que esta censura previa está prohibida por la Constitución en el artículo 2, inciso 4. 

Queda esperar ahora una rectificación del TC, porque este tipo de exabruptos lo único que hacen es acrecentar el nivel de desconfianza en instituciones democráticas que como decimos al inicio contaban con el respaldo de la ciudadanía. 

Por el bien del país, el TC debe enmendar la plana y empezar a trabajar por lo que realmente le compete: Garantizar el cumplimiento de las leyes, no más. Los periodistas, debemos seguir investigando para evitar que el cáncer de la corrupción se siga extendiendo por todos los entes gubernamentales. Y si hay un video o un audio revelador de interés público, hay que difundirlo sin ningún temor, porque la Constitución nos ampara y porque es nuestro deber denunciar las malas prácticas.